El titular del Inaes, el órgano estatal que se ocupa de la
economía solidaria en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social, explicó
la utilidad de otra sentencia contra el fraude laboral y señaló la eficacia que
tendría una ley general sobre cooperativismo.
Por Martín Granovsky
Patricio Griffin, presidente del Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social, exhibe un fallo y lee un párrafo.
Dice que la Cooperativa de Trabajo Agrícola “Colonia Barraquero” de Mendoza fue
calificada por organismos públicos de “fraudulenta, de mera intermediación
entre la demanda y oferta de trabajo, proveedora de servicios de trabajo de
temporada o de trabajo eventual o agencia de empleo”. Por ese motivo, la sala
primera de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó
la decisión del
Inaes de que “Colonia Barraquero” deje de funcionar.
–Llevamos más de siete años haciendo un proceso completo de avance
sobre el control de cooperativas y mutuales en las áreas más sensibles –dice
Griffin, y corrobora que este fallo apareció muy pocos días después de otro,
informado la semana pasada por Página/12, también sobre el uso fraudulento de
formas asociativas para aprovecharse de las necesidades de los trabajadores
golondrina.
